El presunto conseguidor de la ‘trama Koldo’ aporta documentación física y dispositivos electrónicos para sustentar su declaración voluntaria ante la Audiencia Nacional

MADRID – El caso que mantiene en vilo a la política nacional ha dado un giro definitivo este jueves. Tras semanas de expectación y filtraciones cruzadas, la defensa de Víctor de Aldama, considerado el nexo de unión de la red de comisiones en el Ministerio de Transportes, ha acudido a la Audiencia Nacional para hacer entrega del material probatorio que prometió durante su declaración voluntaria. El ya famoso «sobre» no es solo un fajo de documentos; es el eje sobre el cual Aldama pretende pivotar su estrategia de defensa para eludir una condena mayor.

El contenido del dossier: más que simples notas

Según fuentes cercanas al caso, el material entregado al magistrado Ismael Moreno es heterogéneo y busca cubrir los flancos que la Fiscalía Anticorrupción consideraba «poco sólidos» en el testimonio verbal del empresario. Entre los elementos aportados destacan:

• Agendas y manuscritos: Notas personales donde Aldama habría registrado fechas, lugares de encuentro y, fundamentalmente, las cuantías exactas que supuestamente se entregaron a diversos intermediarios y cargos públicos.
• Dispositivos de almacenamiento: Varios lápices de memoria y un teléfono móvil que contendrían capturas de pantalla de aplicaciones de mensajería instantánea y correos electrónicos que no habían sido rastreados hasta la fecha por la UCO.
• Justificantes de viaje y estancias: Documentación que situaría a los implicados en las coordenadas espaciotemporales descritas por el «conseguidor» en su confesión.

Un movimiento estratégico hacia la colaboración

La entrega de este sobre no es un acto de contrición desinteresado. Tras pasar por prisión provisional, Aldama ha decidido cambiar de estrategia, pasando de un silencio hermético a una colaboración activa. Su objetivo es claro: conseguir una reducción sustancial de las penas y mejorar sus condiciones penitenciarias. Al aportar pruebas tangibles, el empresario busca que su testimonio pase de ser una «venganza personal» —como sostienen algunas de las defensas de los señalados— a convertirse en una prueba de cargo judicialmente válida.

«El investigado no solo ha dicho qué pasó, sino que ahora entrega el ‘cómo’ y el ‘cuándo’ mediante registros físicos que son difíciles de rebatir en una instrucción técnica», señalan fuentes jurídicas consultadas.

Repercusiones en la instrucción

El magistrado ahora se enfrenta a una fase de análisis exhaustiva. Los peritos judiciales deberán verificar la autenticidad de los soportes digitales para descartar cualquier manipulación y asegurar la cadena de custodia. Si la documentación coincide con los flujos de dinero ya detectados por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, el caso podría entrar en una fase de nuevas imputaciones que escalarían más allá de los actuales investigados.

Este paso procesal deja en una posición delicada a quienes fueron señalados por Aldama en su declaración de noviembre, ya que la existencia de pruebas documentales obligará a sus defensas a justificar reuniones y transacciones que hasta ahora permanecían en la sombra del secreto de sumario.