La Fiscalía dirige su acusación hacia la gestión de la alcaldesa de Hermigua por presunta prevaricación, mientras el procedimiento judicial abre un compás de espera amparado por la presunción de inocencia.

La actualidad política del municipio gomero de Hermigua vuelve a situarse en el centro del debate público insular a raíz de la situación procesal de su regidora, Solveida Clemente. Lejos de encontrarse en una situación de condena judicial firme, la mandataria municipal afronta un procedimiento de apertura de juicio oral impulsado por el Ministerio Fiscal en relación con la tramitación administrativa y la salida a concurso de una instalación en la franja costera de la localidad.

El núcleo de las diligencias se centra en el análisis de las resoluciones dictadas desde la Alcaldía relativas a los expedientes de adjudicación y las condiciones administrativas del procedimiento. Desde el punto de vista jurídico, este paso procesal marca el inicio de la fase de enjuiciamiento en la que se evaluará la legalidad de los actos administrativos adoptados. No obstante, en estricto cumplimiento de las garantías constitucionales, rige plenamente el principio de presunción de inocencia, lo que significa que no existe ninguna sentencia condenatoria ni resolución judicial firme que declare culpabilidad alguna.

El desarrollo de este proceso judicial mantiene abiertos todos los escenarios en el ámbito institucional insular, a la espera de que los órganos competentes dilucidan la responsabilidad derivada de la tramitación administrativa objeto de acusación.