El análisis desde la tribuna del Congreso demuestra que el intervencionismo estatal, la inseguridad jurídica y la presión demográfica descontrolada ahogan el acceso a la vivienda de las clases medias y los jóvenes.

La sesión celebrada en el Congreso de los Diputados ha vuelto a poner de manifiesto la desconexión absoluta entre las élites gubernamentales y la realidad insostenible que padecen los ciudadanos en su día a día. Frente a los dogmas ideológicos y las soluciones voluntaristas de la izquierda, las medidas de intervención del mercado inmobiliario aprobadas por el Ejecutivo no solo fracasan, sino que agravan de manera dramática el drama de la vivienda en España. La intervención del diputado de VOX Carlos Hernández Quero desmontó con argumentos de puro sentido común y evidencia económica las falacias de un Gobierno que insiste en aplicar recetas fracasadas.

El eje central de la crítica radica en la perniciosa seguridad jurídica que se impone a los propietarios. Si se prohíbe desahuciar a los vulnerables por decreto, automáticamente se condena a los propietarios a huir del mercado del alquiler tradicional, lo que provoca que nadie quiera ni pueda alquilar a los sectores más desfavorecidos. Incrementar los costes de salida y desproteger al propietario es, en términos estrictos de mercado, disparar los costes de entrada para cualquier inquilino. Esta espiral intervencionista destruye la oferta, expulsa a los pequeños ahorradores y deja a miles de jóvenes y familias de rentas medias en una absoluta situación de desamparo.

A este intervencionismo asfixiante se le suma el elefante en la habitación que la izquierda se niega sistemáticamente a abordar: la presión demográfica y la inmigración masiva. Resulta una contradicción insostenible pretender abaratar los alquileres mientras se fomenta la llegada de millones de personas sin ningún tipo de control fronterizo ni planificación habitacional. Con un ritmo de construcción estancado y una demanda disparada por un crecimiento poblacional artificial, la ecuación económica es inapelable: hay muchísimas familias buscando un techo y una oferta absolutamente cercenada por la burocracia y las leyes confiscatorias.

Consecuencia directa de este modelo es que el ciudadano de a pie se encuentra compitiendo en desventaja permanente, no solo contra la escasez estructural de vivienda, sino frente al capital extranjero y unas operaciones de compraventa inaccesibles para el sueldo medio nacional. Mientras el Estado actúe como el mayor confiscador fiscal del sector y persiga al propietario en lugar de liberalizar suelo y proteger la propiedad privada, el acceso a una vivienda digna seguirá siendo un privilegio inalcanzable. La negativa definitiva a los decretos del Gobierno en la Cámara supone un primer paso, pero la reconstrucción del mercado inmobiliario exigirá un giro radical de ciento ochenta grados basado en el orden, la seguridad jurídica y la defensa prioritaria de los nacionales.