Partidos y colectivos afines al Gobierno intensifican su ofensiva ideológica, transformando un trágico fallecimiento en munición electoral de cara a las urnas del 29N.

El doloroso fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años fallecida tras ser desalojada de su vivienda en el madrileño distrito de Retiro, ha desatado una agria polémica que trasciende el drama humano. Lejos de guardar un respetuoso luto institucional, las formaciones situadas a la izquierda del arco parlamentario y diversos colectivos sociales afines al Ejecutivo han desatado una intensa campaña de agitación, utilizando sin ningún tipo de pudor la muerte de la mujer como ariete político para capitalizar el malestar social en plena precampaña electoral.

Desde el mismo momento en que se conoció el óbito, ministerios, portavoces gubernamentales y líderes de la izquierda radical se apresuraron a saltar a la palestra pública y a las redes sociales para culpar de manera directa y visceral a la oposición, a los propietarios y al marco legal vigente, convirtiendo un caso de extrema vulnerabilidad personal en el eje central de su estrategia de confrontación partidista. Esta instrumentalización descarada busca insuflar oxígeno a unas siglas desgastadas por la gestión económica y desviar la atención de las propias carencias de las administraciones públicas en materia de asistencia social.

La instrumentalización del dolor como estrategia electoral

La sincronización con la que los partidos del bloque gubernamental han elevado el tono evidencia un cálculo estrictamente electoralista. Con el horizonte fijado en los comicios generales del próximo 29 de noviembre, la izquierda ha optado por convertir el sufrimiento humano en un mitin permanente.

Por un lado, mediante la consigna fácil y la simplificación de complejos procesos judiciales de arrendamiento, se pretende criminalizar de forma generalizada a los propietarios y a la propiedad privada, presentándolos como los únicos culpables de una crisis estructural de la que el propio Estado es el principal responsable por su ineficacia asistencial.

Por otro lado, la utilización interesada del caso busca forzar la aprobación de decretos intervencionistas exprés por la vía de la emocionalidad y el chantaje moral, obviando los informes técnicos y jurídicos que advierten sobre la inseguridad jurídica que generan estas medidas. A esto se suma una evidente vulneración del decoro institucional, ya que analistas y sectores conservadores han criticado con dureza la falta de mesura de cargos públicos que, en lugar de coordinar soluciones eficaces para los servicios sociales de atención a mayores, prefieren pancartas y proclamas desde la tribuna política.

Mientras el dolor de la familia y el respeto debido a la memoria de Maricarmen deberían guiar la respuesta institucional, la izquierda española demuestra una vez más que no desaprovecha ninguna tragedia humana si esta puede servir como combustible electoral en su particular carrera hacia las urnas.