Un rotundo informe económico destapa la voracidad recaudatoria del Gobierno, situando la presión fiscal sobre el salario medio en cifras insostenibles que asfixian a las familias y a las clases medias.

La deriva recaudatoria e intervencionista del Ejecutivo ha alcanzado un límite intolerable para la economía de los españoles. La acumulación de decisiones impositivas aprobadas por el Gobierno se traduce ya en un balance desolador: 141 subidas fiscales acumuladas en los últimos años, un expolio sistemático que convierte al contribuyente en el principal sostén de una administración sobredimensionada.

La crudeza de esta política fiscal se refleja en un dato inapelable que retrata la realidad de las nóminas en España: de cada 100 euros que genera un trabajador con su esfuerzo, el Estado se apropia de 53,60 euros entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales. Más de la mitad del fruto del trabajo diario va destinado de manera directa a las arcas públicas, dejando al ciudadano en una situación de indefensión y merma constante de su renta disponible frente a la escalada del coste de la vida.

Un expolio continuo avalado por la voracidad recaudatoria

Los distintos análisis económicos elaborados por laboratorios de ideas y expertos independientes confirman que la estrategia fiscal del Gobierno se ha cimentado sobre el ahogamiento del tejido productivo y de las rentas medias.

Por un lado, el peso combinado de las cargas sociales y los tributos estatales absorbe prácticamente el 54% del coste laboral total, penalizando tanto la contratación como la capacidad de ahorro de los hogares. A esto se le une que, mediante la negativa a deflactar los tramos del IRPF ante la inflación, el Ejecutivo ha aplicado de forma encubierta subidas automáticas que exprimen a los ciudadanos, obligándoles a pagar más tributos aunque su poder adquisitivo real haya disminuido.

Por otro lado, lejos de aliviar la carga tributaria en los momentos de mayor dificultad económica, el Gobierno ha optado por intensificar la presión fiscal para financiar estructuras políticas sobredimensionadas, convirtiendo a España en uno de los países donde más se castiga el esfuerzo laboral. Frente a este modelo confiscatorio que castiga el mérito y el ahorro, la presión fiscal se ha consolidado como el mayor lastre para la competitividad económica del país, exigiendo un giro radical urgente que devuelva a los ciudadanos el control sobre los frutos de su trabajo.