La estrategia del Ejecutivo busca sortear el rechazo del Pleno del Congreso mediante una aritmética parlamentaria favorable tras la disolución de las Cortes.

Tras el varapalo sufrido en el Congreso con el rechazo de los reales decretos en materia de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido poner en marcha una maniobra parlamentaria para intentar salvarlos. Una vez anunciada la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, el plan del Ejecutivo pasa por aprobar de nuevo los textos en el Consejo de Ministros y remitirlos de inmediato para su convalidación a la Diputación Permanente.

Este movimiento responde a la necesidad de sortear la mayoría negativa que tumbó las medidas en la Cámara Baja. Al encontrarse las Cortes disueltas, la Diputación Permanente asume las funciones del Congreso, convirtiéndose en el órgano encargado de convalidar o derogar las normas de urgente necesidad. La clave de esta estrategia radica en que la Diputación Permanente cuenta con una composición reducida y proporcional muy diferente a la del Pleno general, lo que neutraliza el peso de formaciones como Junts y deja su voto sin efecto.

Con este cambio en la correlación de fuerzas, el bloque que apoya al Ejecutivo dispone de márgenes sumamente ajustados pero matemáticamente viables para alcanzar la mayoría necesaria, dependiendo de apoyos cruzados que en el Pleno ordinario se habían tornado insuficientes o inalcanzables. Sin embargo, juristas y expertos advierten que esta vía roza el fraude de ley y se adentra en un terreno de dudosa constitucionalidad, ya que reutilizar la Diputación Permanente para rescatar iniciativas que ya han sido explícitamente rechazadas por el Pleno de la soberanía nacional abre un flanco crítico tanto en el plano político como en los tribunales.