El portavoz de ERC en el Congreso arremete duramente contra la formación independentista, afirmando que su voto responde al «pago de una deuda» y perjudica a la ciudadanía.
El panorama político catalán e institucional vive un nuevo episodio de alta tensión a raíz de un duro cruce de declaraciones sobre la vivienda y los intereses económicos. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado una acusación directa y frontal contra Junts per Catalunya, vinculando directamente su postura política con intereses inmobiliarios particulares.
Durante una intervención que ha generado un fuerte revuelo en el hemiciclo y en el debate público, Rufián no escatimó en calificativos al reprochar la actitud de la formación convergente. Según el dirigente republicano, las decisiones que están tomando en esta materia no responden a un ejercicio democrático habitual, sino a un compromiso de carácter financiero: «Ustedes aquí no están votando, están pagando una deuda».
Intereses particulares frente al bienestar común
El núcleo de la crítica de Rufián radica en el impacto que estas decisiones tienen sobre el conjunto de la población, especialmente en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda y el coste de los alquileres. Para el portavoz de ERC, resulta evidente que detrás de estas posiciones existen motivaciones económicas privadas que trascienden el debate ideológico general.
En esta línea, enfatizó que «que tienen intereses inmobiliarios lo sabe todo el mundo», señalando una presunta connivencia entre las directrices del partido y los lobbies o tenedores de patrimonio del sector del ladrillo. La consecuencia directa de esta dinámica, según su criterio, es un perjuicio masivo e injustificable para la ciudadanía: «Es objetivamente denunciable que sus intereses particulares puteen a miles de personas».
Un debate que incendia el bloque soberanista
Este nuevo encontronazo evidencia la profunda fractura estratégica e ideológica que existe desde hace tiempo entre ERC y Junts, a pesar de haber compartido espacio en el Govern de la Generalitat. Mientras los republicanos sitúan la agenda social y de vivienda en el centro de sus prioridades parlamentarias, las acusaciones mutuas sobre el freno a la regulación de los alquileres o las medidas de protección a los inquilinos continúan abriendo brechas insalvables en el bloque independentista.
La contundencia de las palabras de Rufián marca un punto de inflexión en la confrontación dialéctica, dejando claro que el conflicto por el modelo de vivienda y la influencia del sector inmobiliario se han convertido en munición de primer orden en la lucha política actual.







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