Las revelaciones sobre la condonación de deudas a la empresa de su pareja en Lérida y el imperio inmobiliario de su entorno familiar dejan al descubierto el cinismo del discurso socialista sobre la vivienda y la ética pública.

La regeneración democrática y la persecución al capital privado que tanto abandera la dirigencia del Partido Socialista han vuelto a estrellarse contra el espejo de sus propios actos. El caso de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, acumula una sucesión de informaciones de extrema gravedad que retratan los privilegios y la doble vara de medir con la que operan los altos cargos de La Moncloa. De concejal de Economía en el Ayuntamiento de Lérida a la cúpula parlamentaria en Madrid, el expediente de la dirigente socialista arrastra la sombra de los favores de despacho y la incoherencia ideológica.

Las sospechas se centran en su etapa en el consistorio ilerdense, donde la Fiscalía Anticorrupción llegó a posar la lupa sobre las concesiones de su departamento. Las informaciones publicadas revelan cómo Mínguez participó en la condonación de una deuda superior a los 280.000 euros a la empresa Adaix de Negocios —vinculada directamente a su entorno personal y pareja— por la explotación de terrenos públicos. Aquel perdonazo de fondos municipales constituyó un evidente conflicto de intereses que la bancada socialista justificó internamente mientras purgaba a las voces críticas que denunciaron los sobresueldos e irregularidades en el grupo municipal.

Un imperio de pisos en alquiler frente al discurso inquisitorial contra los arrendadores

El escándalo del perdón de deudas contrasta de manera sangrante con la retórica contra los grandes propietarios que la propia portavoz promulga desde la tribuna del Congreso.

Por un lado, la contabilidad patromonial del entorno directo de la dirigente socialista ha dejado al descubierto un holding familiar que acumula una treintena de pisos en alquiler y varios expedientes de desahucio promovidos. La incoherencia resulta demoledora: mientras el PSOE criminaliza a los pequeños propietarios y señala a las empresas inmobiliarias tachándolas de «fondos buitre», su propia portavoz justifica el imperio inmobiliario de su pareja amparándose en que es una «empresa familiar que cumple la legalidad», reclamando para sí una impunidad moral que niega al resto de los españoles.

Por otro lado, la actitud de la dirección socialista apaciguando estos episodios demuestra la connivencia del aparato del partido con las prácticas de sus cuadros dirigentes. Lejos de exigir responsabilidades o apartar a la portavoz tras destaparse sus maniobras contables en Cataluña y su patrimonio inmobiliario, Ferraz se atrincheró en el victimismo tachando la fiscalización de «ataque personal». El caso Montse Mínguez permanece así como un monumento a la hipocresía política, donde el rigor presupuestario y la persecución a la propiedad privada solo se aplican a los ciudadanos de a pie.