Bajo el lema de la emergencia habitacional, la portavoz del Sindicato de Inquilinas encabeza una estrategia de confrontación directa que amenaza los pilares de la propiedad privada y la seguridad jurídica en España.

La eclosión de los movimientos sociales de vivienda ha encontrado en Valeria Racu a su rostro más visible y mediático como portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Llegada a España desde Moldavia en su infancia, su trayectoria académica combina su paso por la red de colegios internacionales United World Colleges (UWC) —gracias a una beca de la Fundación La Caixa— con su graduación en Antropología Social en la School of Oriental and African Studies (SOAS) de la Universidad de Londres. Lejos de la imagen de vulnerabilidad que proyecta su discurso, su perfil combina el activismo ideológico con una sólida formación en centros de agitación académica internacional.

En la práctica, Valeria Racu se dedica profesionalmente a la dirección de protestas callejeras, campañas de presión mediática y movilizaciones de alto impacto político. Su labor diaria consiste en articular la contestación social contra los propietarios, un enfoque que los sectores liberales y conservadores critican duramente por considerar que agrava el problema habitacional en lugar de solucionarlo. Para este sector crítico, su estrategia no busca favorecer el acceso a la vivienda —que atribuyen al exceso de burocracia, la escasez de oferta y la inseguridad jurídica—, sino instrumentalizar el descontento ciudadano para imponer un modelo de intervención estatal masiva y expropiación encubierta.

El Sindicato de Inquilinas opera como un grupo de presión ideológico cuyas funciones principales se centran en la organización de bloques de inquilinos, la convocatoria de polémicas huelgas de alquileres y el despliegue de estrategias de coacción como los llamados piquetes contra propietarios. Lejos de las funciones de mediación laboral de un sindicato tradicional, esta organización promueve la ruptura de los contratos firmados libremente entre particulares, estigmatiza tanto a los grandes fondos de inversión como al pequeño ahorrador, y exige medidas intervencionistas como la congelación de rentas o la prórroga forzosa de los arrendamientos, erosionando los fundamentos de la economía de mercado.