El Ejecutivo recurre al decreto intervencionista y a la amenaza de elecciones ante el rechazo y la división de sus socios parlamentarios.

La deriva agónica del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha encontrado en la crisis de la vivienda su nuevo e insostenible campo de minas. Incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado —acumulando ya cuatro años de flagrante incumplimiento constitucional—, el Gobierno pretende ahora mantener su precaria supervivencia a base de decretazos intervencionistas. El Consejo de Ministros, acorralado por el populismo de sus socios de extrema izquierda y por la presión de colectivos radicales en la calle, ha aprobado a hurtadillas y por duplicado una batería de medidas confiscatorias que atacan directamente el derecho fundamental a la propiedad privada y ahogan por completo el mercado del alquiler.

El resultado de esta huida hacia adelante es el desconcierto total entre los socios que sostienen la legislatura. Mientras el PNV se desmarca parcialmente y Junts califica de «decepcionantes» y perjudiciales unos textos que atentan contra el ahorro de las familias y el pequeño propietario, el socialismo gobernante recurre a su táctica habitual: la amenaza velada de un adelanto electoral. Pretenden así trasladar toda la presión a sus aliados parlamentarios, recordándoles que una ruptura definitiva en el Congreso podría precipitar su propia tumba política si se convoca a los ciudadanos a las urnas.

Sin embargo, el verdadero trasfondo de esta crisis no es la búsqueda de soluciones eficaces para el acceso a la vivienda, sino el relato sectario de un Ejecutivo entregado a la demagogia. Las medidas aprobadas —que incluyen la renovación forzosa de contratos, prohibiciones arbitrarias y multas disuasorias a los caseros— no hacen más que disuadir la oferta y agravar el problema que dicen combatir. En ocho años de sanchismo, lejos de atajar la escasez, las políticas intervencionistas solo han generado inseguridad jurídica, castigando tanto al propietario que invierte los ahorros de toda su vida como al propio inquilino, atrapado en un mercado cada vez más asfixiado.

Acorralado por sus propias contradicciones y por la inestabilidad crónica de un bloque de investidura resquebrajado, el Gobierno de Sánchez demuestra una vez más que su única prioridad es la permanencia en el poder a cualquier precio, utilizando las instituciones y los problemas reales de los españoles como moneda de cambio frente a separatistas y populistas.