Un desgarrador desglose fiscal demuestra que las administraciones públicas esquilman casi el 40% del valor de un inmueble nuevo antes de que el comprador cruce la puerta, asfixiando el mercado inmobiliario.

El debate sobre la crisis de la vivienda en España suele apuntar de manera interesada y simplista hacia el sector privado, los propietarios o los fondos de inversión. Sin embargo, la realidad económica del ladrillo revela un diagnóstico radicalmente distinto que desnuda la voracidad del sector público. Un análisis detallado de la carga imributiva y las tasas que recaen sobre la construcción de una vivienda nueva valorada en 400.000 euros demuestra sin paliativos que el verdadero fondo buitre es el Estado, un recaudador voraz que se apropia de 140.000 euros, lo que representa casi el 40% del coste total del inmueble.

Este expolio silencioso se compone de una interminable cadena de tributos, tasas y gravámenes que se aplican desde la misma génesis del suelo hasta la entrega de llaves al comprador final. Lejos de facilitar el acceso a una vivienda digna, la maquinaria fiscal del Estado actúa como el mayor elemento inflacionista del mercado, encareciendo artificialmente cada metro cuadrado construido para alimentar a una administración sobredimensionada.

Radiografía de un atraco fiscal en la obra nueva

El desglose de los costes públicos que asfixian la promoción inmobiliaria no deja lugar a dudas sobre la presión confiscatoria a la que se somete tanto al promotor como al ciudadano:

En primer lugar, el comprador se enfrenta de entrada a un IVA del 10% que asciende a 40.000 euros, a lo que debe sumar 6.000 euros en concepto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). A estas cifras iniciales se le añaden 10.000 euros en licencias, el ICIO y diversas tasas municipales que los ayuntamientos cobran en el proceso de tramitación urbanística.

Por su parte, la fase de desarrollo y estructuración jurídica de la promoción acarrea otros 6.000 euros correspondientes al AJD de la obra nueva y la división horizontal. En lo que respecta al suelo, las cargas se multiplican mediante la cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento al ayuntamiento, sumado a la plusvalía y el IRPF o Impuesto de Sociedades de quien vendió el terreno, alcanzando los 20.000 euros.

A lo largo del proceso productivo, la fiscalidad laboral y empresarial golpea con dureza al sector. El promotor debe hacer frente a un Impuesto de Sociedades del 25% sobre su margen, lo que ronda los 12.000 euros, mientras que las cotizaciones sociales y el IRPF de la mano de obra que levanta el edificio detraen otros 35.000 euros.

Sumando todos los conceptos, el sector público se embolsa 140.000 euros por cada vivienda de 400.000 euros. Mientras las administraciones continúen exprimiendo de esta manera el esfuerzo constructivo y el ahorro de las familias, cualquier intento de solucionar la crisis habitacional mediante decretos intervencionistas seguirá siendo una mera cortina de humo para ocultar el apetito insaciable del Estado.