El sospechoso, de 33 años y con antecedentes por delitos sexuales, aprovecha la incomprensible pasividad del Ministerio Público para darse a la fuga tras no solicitarse su prisión preventiva en la primera comparecencia.

La indignación ciudadana y la desprotección de las víctimas han alcanzado una cota alarmante en Guipúzcoa. Un grave fallo en la cadena de custodia judicial ha permitido que un varón de 33 años y de nacionalidad marroquí, investigado por la presunta violación de una niña de tan solo 14 años en la localidad de Arrasate (Mondragón), se encuentre en busca y captura tras darse a la fuga. El sospechoso fue puesto en libertad por el juzgado de guardia después de que la Fiscalía, en una decisión incomprensible ante la gravedad de los hechos, no solicitase su ingreso en prisión preventiva.

La agresión sexual, perpetrada en el marco de las celebraciones locales, conmocionó al municipio al encontrarse a la menor desorientada e inconsciente en un parque de la zona. La pronta intervención de las fuerzas de seguridad permitió la detención de dos individuos de origen marroquí por su presunta implicación directa en el ataque. Sin embargo, la posterior gestión de la comparecencia judicial ha terminado por desencadenar un bochornoso episodio de impunidad.

Un fallo del sistema que expone la laxitud con la delincuencia reincidente

La secuencia de los hechos pone de manifiesto la quiebra de las medidas de control sobre delincuentes peligrosos y la falta de rigor en la protección de los menores frente a las agresiones sexuales.

Por un lado, el principal encausado de 33 años, que acumulaba antecedentes previos, quedó en libertad provisional con la única obligación de personarse al día siguiente ante el juzgado de instrucción de Bergara. Tal como era previsible, el investigado aprovechó la inacción del Ministerio Público para evaporarse, obligando a las autoridades a emitir una orden internacional de busca y captura mientras la Ertzaintza trata infructuosamente de dar con su paradero.

Por otro lado, el segundo implicado, un joven de 20 años también de origen marroquí, sí acudió a la citación judicial del día posterior, momento en el que el juez decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza. Este escandaloso contraste deja al descubierto el desamparo de la víctima y la urgencia de depurar responsabilidades en el ámbito judicial, donde la indulgencia institucional vuelve a traducirse en la huida de un presunto agresor sexual de nuestras fronteras.