La patronal de las grandes empresas eléctricas (AELEC) ha alzado la voz contra la asfixiante política fiscal y la intervención económica del Gobierno, reclamando poner fin al agravio comparativo que sufren frente al gas. Tras la decisión del Ejecutivo de limitar el precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, el sector energético ha exigido situarse en un estricto pie de igualdad y ha anunciado una ofensiva para exigir al Estado una rebaja fiscal generalizada que incluya, entre otras medidas, la reducción del IVA eléctrico al tipo superreducido del 4%.

Desde la perspectiva de la defensa de la economía de mercado y la libertad empresarial, las eléctricas denuncian los efectos distorsionadores de la intervención estatal en los precios. Subvencionar artificialmente el consumo de gas mediante parches regulatorios y endeudamientos futuros —como la obligación de los consumidores de devolver en el futuro la deuda generada por el tope del 15% en la TUR— no hace más que falsear el mercado, distorsionar la libre competencia y penalizar la transición hacia una economía verdaderamente electrificada.

Para el sector liberal y los defensores de la ortodoxia económica, la solución a los elevados precios de la energía no pasa por el intervencionismo gubernamental ni por la creación de más cargas regulatorias y déficits diferidos, sino por una profunda rebaja de la presión fiscal que soportan los ciudadanos y las empresas. Con una inflación que sigue golpeando el bolsillo de las familias, mantener gravámenes elevados sobre la electricidad penaliza de forma injusta tanto a los hogares como al tejido industrial español, restándole competitividad frente a nuestros socios europeos.

Por todo ello, la patronal eléctrica trasladará próximamente al Ejecutivo una propuesta fiscal rigurosa orientada a aliviar la asfixia impositiva. Reclamar un IVA al 4% para la electricidad no es solo una demanda lógica de justicia distributiva y de apoyo a las familias, sino una llamada de atención para que el Estado abandone el afán recaudatorio y permita que la iniciativa privada y la competitividad del sector energético operen sin cadenas intervencionistas.