A las puertas de una nueva y decisiva votación en el Congreso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta el examen parlamentario de sus decretos de vivienda en medio de un profundo rechazo institucional, empresarial y social. Las normas aprobadas de urgencia —que imponen un intervencionismo feroz y la prórroga automática de los contratos— han sido calificadas por la oposición y las principales patronales como un ataque directo a la propiedad privada y una ocurrencia populista que provocará el efecto contrario al deseado: la desaparición de hasta 300.000 viviendas del mercado del alquiler.

Mientras Moncloa recurre a la demagogia y a la presión política exigiendo a los grupos parlamentarios que se posicionen «del lado de la gente», la realidad en las calles refleja el caos derivado de la laxitud institucional. La Puerta del Sol de Madrid continúa tomada por una acampada ilegal que estrangula la actividad económica, vulnera la convivencia y daña gravemente el patrimonio histórico y cultural de la capital.

Ayuso acude a la Justicia ante la pasividad de la Delegación del Gobierno

Ante el deterioro de la seguridad, la limpieza y la movilidad en el kilómetro cero de España, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido actuar con firmeza. La Abogacía General regional ha interpuesto este jueves un recurso contencioso-administrativo pidiendo medidas cautelarísimas para forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada de inmediato.

Desde el Ejecutivo autonómico denuncian una «ocupación ilegal del espacio público» y recuerdan que el departamento gubernamental tiene la obligación imperativa de proteger a los ciudadanos y las instituciones. Además, advierten de que la persistencia de esta acampada causa una afección directa y un grave riesgo de expolio a dos Bienes de Interés Cultural (BIC) de incalculable valor: la Real Casa de Correos y la emblemática estatua del Oso y el Madroño.

Por su parte, el sector turístico y comercial —aglutinado en la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)— ha alzado la voz para exigir el restablecimiento urgente de la normalidad. Los empresarios advierten de que mantener este campamento sin horizonte temporal castiga severamente a los comercios, hoteles y autónomos de la zona, proyectando una imagen de desgobierno que perjudica la marca turística de la capital.

Los empresarios tachan los decretos de «invasión de la propiedad privada»

El malestar en el tejido económico y empresarial es absoluto. Antonio Garamendi, reelegido presidente de la CEOE, ha cargado duramente contra las recetas intervencionistas del Ejecutivo, ironizando con que el Gobierno «va de Robin Hood pero representa al sheriff de Nottingham».

Garamendi ha advertido de que cargar sobre las espaldas del sector privado y de los pequeños propietarios la solución a un problema estructural que compete exclusivamente a la Administración supone una «invasión de la propiedad privada». Asimismo, el líder de los empresarios ha denunciado la deriva grotesca de un Ejecutivo que recurre a decretos ley troceados y aprobados a salto de mata, recordando que para garantizar derechos constitucionales no se pueden pisotear otros pilares básicos como la libertad empresarial, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.

Desde el Partido Popular, los diputados Juan Bravo y Sergio Sayas han confirmado su rotundo rechazo a los decretos en el Congreso. Los populares denuncian la chapuza jurídica de unas normas que contienen contradicciones internas y alertan de un dato alarmante: las medidas punitivas contra los caseros y la inseguridad jurídica creada ahuyentarán a la oferta, provocando la desaparición de 300.000 viviendas del mercado del alquiler y agravando aún más el problema habitacional.

El sanchismo se encomienda a sus socios en vísperas del Congreso

A pesar de las advertencias técnicas y del rechazo frontal de los agentes económicos, el Ejecutivo confía en salvar la votación de este viernes gracias al mercadeo político con sus socios separatistas. Ministros como Ernest Urtasun se han mostrado «optimistas» respecto al respaldo de formaciones como Junts, reconociendo que se han introducido modificaciones a medida en los despachos para contentarles, mientras el socio minoritario de coalición y partidos a la izquierda del PSOE continúan rentabilizando la tensión social en beneficio propio.

Con el fantasma de la inseguridad jurídica sobrevolando el mercado inmobiliario y el centro de Madrid secuestrado por la coacción callejera, el Congreso se encamina a una votación clave donde el Gobierno vuelve a anteponer su supervivencia política a la estabilidad económica y al respeto institucional de España.