La subida progresiva del Mecanismo de Equidad Intergeneracional encarece los costes laborales y reduce el salario neto de las familias para parchear la quiebra del sistema público de pensiones.

El afán confiscatorio del Ejecutivo central sumará una nueva vuelta de tuerca a partir del próximo año a costa del esfuerzo de los trabajadores y el tejido empresarial. Sin necesidad de aprobar un nuevo tributo sobre la renta, el Gobierno aplicará el 1 de enero de 2027 un nuevo incremento en la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la figura recaudadora introducida en la reforma de las pensiones y recogida en la Ley General de la Seguridad Social para penalizar el trabajo y maquillar el déficit estructural de las cuentas públicas.

La medida supondrá que el porcentaje global de este gravamen sobre la base de contingencias comunes pase del 0,90% registrado en 2026 al 1,00% en 2027. Este recargo sobre el trabajo se reparte con especial ensañamiento sobre la contratación, obligando a la empresa a asumir el 0,83% (frente al 0,75% previo) y extrayendo directamente de la nómina del trabajador un 0,17% de su salario bruto (superando el 0,15% aplicado en el ejercicio anterior).

Un goteo constante sobre el bolsillo de los españoles y la amenaza de una carga mayor

Aunque la propaganda gubernamental pretenda presentar este ajuste como un esfuerzo insignificante, la realidad es que el encarecimiento acumulado representa un castigo fiscal directo sobre el poder adquisitivo y la creación de empleo.

Por un lado, la subida directa de 0,02 puntos para el trabajador se traduce en una merma neta en su retribución. Para un salario bruto mensual de 2.000 euros, la aportación individual al MEI subirá de 3,00 euros al mes a 3,40 euros a partir de 2027, lo que supone un menoscabo adicional de unos 4,80 euros al año que se suman al resto de deducciones sociales y a la inflación desbocada.

Por otro lado, el horizonte presupuestario diseñado por el Ministerio no prevé ningun alivio, sino una intensificación del expolio. La normativa vigente establece que esta cotización seguirá subiendo de forma escalonada hasta alcanzar el 1,20% en 2029, momento en el que el trabajador aportará el 0,20% y la empresa el 1,00%, consolidando un sobrecoste estructural perpetuo que penaliza el mérito, castiga la contratación y traslada a los contribuyentes la nefasta gestión de los recursos públicos.