Prórroga forzosa de contratos, indemnizaciones millonarias por no renovación y blindaje ante la okupación y la morosidad generan profunda incertidumbre en el sector inmobiliario

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente dos reales decretos que transforman por completo las reglas del alquiler de vivienda en España, introduciendo medidas de carácter extraordinario que afectan de manera directa a los propietarios y a la gestión de sus inmuebles.

Los cambios más graves para los propietarios

• Prórroga automática de los contratos: Todos los contratos de arrendamiento vigentes quedan prorrogados de forma forzosa hasta el 31 de diciembre de 2028, eliminando la capacidad de decisión del propietario sobre su propia propiedad.
• Indemnización obligatoria por no renovación: Si el contrato finaliza y el propietario no desea continuar con el arrendamiento, deberá indemnizar al inquilino con un mínimo de 12 mensualidades, cantidad que nunca podrá bajar de una mensualidad por cada año que el inquilino haya residido en la vivienda.
• Excepciones muy restrictivas: El propietario solo se libra de esta indemnización en tres supuestos: si necesita la vivienda para sí mismo o para sus hijos (con la obligación de ocuparla en un plazo máximo de 3 meses bajo sanción), si se demuestra que el inquilino no vive en el inmueble, o si este dispone de otra vivienda en el mismo municipio. Por el contrario, si es el inquilino quien decide marchar, solo debe avisar con 2 meses de antelación sin asumir penalización alguna.
• Blindaje ante la morosidad: Si el inquilino deja de pagar y acredita «vulnerabilidad», el propietario no podrá desalojarlo. En estos supuestos, el arrendador pierde el control del inmueble a menos que la administración realoje al inquilino o compense económicamente al propietario.
• Regulación del alquiler de temporada: Esta modalidad queda sujeta a la obligación de justificar estrictamente su temporalidad; en caso contrario, el contrato pasará a considerarse automáticamente como un alquiler ordinario.

Consecuencias previstas en el mercado

Expertos y analistas señalan que estas medidas drásticas provocarán un efecto inmediato en la oferta de vivienda, con una reducción drástica de pisos disponibles en el mercado, un incremento generalizado de los precios ante la asunción de riesgos por parte de los arrendadores, y una paralización general en la firma de nuevos contratos de alquiler.