El responsable del culto islámico en los penales de Zaballa, Basauri y Zubieta continuó percibiendo abultadas prestaciones públicas tras ausentarse más de un mes de España a sabiendas de la penalización legal.

El debate en torno al uso de los fondos públicos y el rigor en el control de las prestaciones sociales en el País Vasco ha sumado un episodio indignante. El cabeza de la familia desalojada en Vitoria, que percibía un total de 2.454 euros mensuales en ayudas públicas, resulta ser el imán islámico encargado del culto en las prisiones vascas de Zaballa, Basauri y Zubieta. El caso ha desatado un profundo malestar ciudadano al revelarse cómo una figura con responsabilidad institucional dentro del sistema penitenciario se beneficiaba de una cuantiosa asignación estatal mientras vulneraba de forma consciente la normativa que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

La controversia escaló tras conocerse que el beneficiario se ausentó de España durante 38 días consecutivos para disfrutar de unas vacaciones en su país de origen, a pesar de ser plenamente consciente de que superar el límite permitido conllevaba la suspensión y penalización de la prestación. Pese al conocimiento expreso de la ilegalidad de su conducta, la familia continuó ingresando las aportaciones financiadas con los impuestos de los contribuyentes, dejando en evidencia los graves coladeros en los mecanismos de inspección de las administraciones públicas.

Financiación pública y falta de control en el sistema de subsidios

El episodio pone de manifiesto la asimetría con la que la administración gestiona los recursos de la ciudadanía, generando una comprensible indignación social entre las familias trabajadoras que sostienen el sistema impositivo.

Por un lado, resulta incomprensible que un profesional contratado o designado para la asistencia espiritual en centros penitenciarios de máxima seguridad perciba simultáneamente cuantías mensuales que superan con creces el salario medio de miles de asalariados vascos. La acumulación de subsidios como la RGI y otras partidas complementarias demuestra cómo la hipertrofia del estado del bienestar, mal fiscalizada, acaba convertida en una red de incentivos perversos.

Por otro lado, la impunidad con la que se vulneran los criterios de permanencia en el territorio nacional constata la urxencia de revisar de manera drástica la concesión y seguimiento de estas pagas. Mientras las clases medias soportan una asfixiante presión fiscal, el abuso sistemático de las ayudas por parte de quienes incumplen los requisitos más elementales exige la inmediata restitución de los fondos cobrados indebidamente y una asunción estricta de responsabilidades políticas por parte del Gobierno Vasco.