La derecha política defiende que los decretos del Gobierno sobre el alquiler son una «trampa legislativa» que asfixia la oferta y desincentiva a los propietarios, frente a los intentos de coacción callejera.

La visita del Sindicato de Inquilinas a la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova, exigiendo a Alberto Núñez Feijóo que elija entre «la vida o la especulación», traslada a la primera línea de la confrontación política un modelo de presión social que la derecha considera un ataque directo a la separación de poderes y a la propiedad privada.

Desde la perspectiva conservadora y liberal del centroderecha español, la crisis del alquiler no se soluciona con decretos impositivos ni con coacciones frente a las sedes de los partidos políticos, sino fomentando la seguridad jurídica, reduciendo la burocracia y estimulando la oferta de vivienda en el mercado.

Los argumentos de la política de derechas frente al intervencionismo:

• Inseguridad jurídica y «trampa legislativa»: Desde la óptica del Partido Popular, las medidas impulsadas por el Ejecutivo son calificadas de normas tramposas que generan caos jurídico, comparando su dudosa técnica de tramitación con episodios polémicos anteriores del legislativo.
• El peligro de contraer la oferta: Los sectores económicos afines al centroderecha sostienen que limitar los precios por ley y prorrogar forzosamente los contratos produce el efecto contrario al deseado: espanta a los pequeños ahorradores y propietarios, reduciendo drásticamente el parque de viviendas en alquiler y disparando aún más los precios.
• Defensa de la propiedad privada y el ahorro familiar: Para la derecha, gran parte de los propietarios en España no son grandes fondos especulativos, sino familias e inversores particulares que buscan proteger sus ahorros frente a la inflación y que merecen garantías jurídicas para alquilar sin temor a impagos o a la okupación.
• La crítica al populismo callejero: El PP interpreta estas acciones de protesta ante sus puertas no como una reivindicación ciudadana espontánea, sino como una estrategia de agitación política dirigida por colectivos ideologizados que pretenden suplantar la labor del Parlamento mediante la intimidación.

En definitiva, frente a la disyuntiva simplista planteada por los sindicatos de inquilinas, la política de derechas aboga por un modelo basado en la libertad económica, argumentando que el intervencionismo estatal asfixia el mercado inmobiliario y condena a los jóvenes a una mayor dificultad de acceso a la vivienda.