La inclusión de relatos de carácter subjetivo y carga demagógica en los textos oficiales del Estado pone de manifiesto una preocupante degradación institucional y técnica en la labor legislativa actual. Desde la perspectiva del centroderecha y el constitucionalismo español, este tipo de redacciones evidencian la progresiva colonización de los organismos públicos por parte de una visión sectaria, que prefiere el activismo político y el sentimentalismo de escaparate al rigor normativo y a la objetividad que exige un boletín oficial. En lugar de limitarse a regular con precisión técnica y neutralidad, los preámbulos de las normas se utilizan de manera torticera para inyectar marcos mentales ideológicos y coartar el debate parlamentario y social.

El síntoma más evidente de esta deriva es la utilización de mantras ideológicos propios de la izquierda más radical para deslegitimar el ordenamiento jurídico e histórico. Al calificar el marco normativo previo como una «legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura», el texto oficial incurre en una descontextualización maniquea que busca criminalizar el pasado y justificar intervenciones intervencionistas desproporcionadas. Esta retórica no busca el bien común ni la mejora técnica de las leyes, sino instaurar un relato frentista donde cualquier discrepancia con sus dogmas se despacha mediante la descalificación moral e histórica, erosionando los consensos constitucionales básicos.

Para sostener este andamiaje ideológico, la norma recurre a la instrumentalización emocional de casos particulares, convirtiendo el dolor humano en munición propagandística. La mención explícita a que «Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años» ejemplifica cómo el legislador abandona la generalidad y la abstracción propias de la ley para adentrarse en el terreno del melodrama periodístico. Lejos de buscar soluciones rigurosas basadas en incentivos económicos y seguridad jurídica, se apela a la fibra sensible de la ciudadanía para blindar medidas intervencionistas que, paradójicamente, suelen agravar los problemas de acceso a la vivienda al destruir la confianza del mercado.

En la misma línea, el discurso oficial demoniza la actividad económica y la iniciativa privada al culpar directamente a la «especulación más voraz» de los desequilibrios habitacionales, ignorando deliberadamente que las restricciones regulatorias, la falta de suelo y la inseguridad jurídica ante la ocupación y el impago de rentas son los verdaderos detonantes de la crisis de oferta. Criminalizar el libre mercado y la propiedad privada —pilares fundamentales de una economía social de mercado consagrada en la Constitución— sirve únicamente como coartada para justificar un mayor dirigismo estatal.

En definitiva, transformar el Boletín Oficial del Estado en una tribuna de juicios de valor y consignas partidistas representa un grave ataque a la neutralidad de las instituciones y a la seguridad jurídica. Cuando el Estado utiliza sus normas supremas para hacer propaganda ideológica, se debilita el Estado de derecho y se instrumentaliza a los ciudadanos, convirtiendo la legislación en un instrumento de coacción moral en lugar de una regla neutral de convivencia para todos.