El Ejecutivo autonómico califica la acampada de «okupación» ilegal, denuncia daños y afecciones al patrimonio, y advierte con acudir a los tribunales por presunta dejación de funciones si la Delegación del Gobierno no actúa.

La tensión institucional en la Comunidad de Madrid ha escalado de forma drástica a raíz de la persistente acampada instalada en la Puerta del Sol. El Gobierno regional ha lanzado un ultimátum de 24 horas al Ejecutivo central para que proceda al desalojo inmediato del espacio público, advirtiendo de que, de no cumplirse la orden, se acudirá por la vía judicial ante una presunta dejación de funciones e inactividad.

El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha comparecido para denunciar que la protesta —organizada en el marco de reivindicaciones sobre vivienda— no constituye el libre ejercicio de un derecho de reunión, sino una «okupación permanente y ilegal» que está alterando la actividad económica, dificultando el acceso comercial y afectando directamente al funcionamiento y la seguridad de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional y Bien de Interés Cultural.

Las claves del ultimátum y el conflicto

La postura de la Comunidad de Madrid se sustenta en una serie de reclamaciones y advertencias directas al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín:

• Plazo límite de 24 horas para que la Delegación del Gobierno emita la orden de desalojo y restablezca la normalidad en la emblemática plaza madrileña.
• Acciones legales inminentes, preparando un recurso contencioso-administrativo por supuesta inactividad y vulneración de competencias en materia de seguridad ciudadana.
• Denuncia por daños y alteración del servicio público, señalando actos vandálicos contra el edificio institucional y afecciones al transporte público, como el cierre temporal de la estación de metro y Cercanías.
• Traslado a la Fiscalía de la ocupación de la sede de la Agencia de Vivienda Social, al considerar que las movilizaciones interfieren en la prestación de servicios esenciales para los ciudadanos.

«Quedan 24 horas para que el delegado del Gobierno dé la orden para desalojar la Puerta del Sol, que está okupada de manera ilegal. No vamos a permitir que se perjudique la actividad de los madrileños ni la seguridad de nuestras instituciones», aseveró con contundencia el portavoz regional.

Choque de competencias y posturas enfrentadas

Mientras desde la Puerta del Sol se exige una intervención contundente y la garantía de medios suficientes para proteger el patrimonio y a los trabajadores públicos frente a pintadas y altercados, la Delegación del Gobierno defiende firmemente el derecho fundamental de reunión. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas mantiene su negativa a levantar la acampada, tensando aún más un escenario político donde el cruce de reproches entre administraciones estatales, autonómicas y municipales marca la actualidad madrileña.