El Real Decreto-ley de mayo de 2010 supuso el mayor recorte social de la democracia, saliendo adelante gracias al voto disciplinado de la bancada socialista, con el hoy presidente del Gobierno entre los parlamentarios que apoyaron la medida.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la protección de los mayores vuelve a situar en el centro del foco político uno de los episodios más oscuros del parlamentarismo reciente. En mayo de 2010, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno socialista aprobó el histórico paquete de recortes exigido por Bruselas para evitar el rescate financiero de España, decretando por primera vez en la historia democrática la congelación de las pensiones contributivas para el ejercicio 2011.

La medida quedó plasmada en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, cuyo texto legal suspendió expresamente la aplicación de los mecanismos ordinarios de revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de las clases pasivas del Estado. Aquella decisión supuso una pérdida directa de poder adquisitivo para millones de jubilados que vieron cómo el Ejecutivo de la izquierda descargaba el peso de la crisis económica sobre las rentas más vulnerables de la sociedad.

Un único voto de diferencia y el respaldo de la bancada socialista

La convalidación de este tijeretazo social en el Congreso de los Diputados, celebrada el 27 de mayo de 2010, se convirtió en una de las votaciones más agónicas y trascendentales de la democracia. El decreto salió adelante por un ajustadísimo margen de 169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones, salvándose únicamente gracias a la abstención pactada a última hora con las fuerzas nacionalistas de CiU y la Coalición Canaria.

Entre los diputados que alzaron la mano y votaron a favor de congelar las pensiones se encontraba Pedro Sánchez, por aquel entonces parlamentario del Grupo Socialista en el Congreso. La disciplina de voto del PSOE blindó la aprobación del recorte, respaldando en bloque el tijeretazo que incluyó también la rebaja del 5% en el sueldo de los funcionarios y la eliminación del cheque-bebé. Este hito histórico permanece como el recordatorio indeleble de cómo el socialismo, acorralado por la gestión de la crisis, no dudó en meter la mano en el bolsillo de los pensionistas para cuadrar las cuentas del Estado.