El líder del Ejecutivo exige al Alto Tribunal que frene lo que califica de «intento de atropello» por parte de PP y Vox, buscando rentabilizar electoralmente el censo en el extranjero ante el temor a un vuelco en las urnas.

A medida que se aproxima la cita electoral del 29 de noviembre, el Gobierno socialista intensifica su presión sobre los órganos judiciales para preservar una de sus principales bazas en el censo electoral exterior. Pedro Sánchez ha pedido expresamente al Tribunal Supremo que «frene el intento de atropello» atribuido a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, instando a la Sala a ratificar los criterios que permiten el voto masivo de los descendientes de exiliados acogidos a la Ley de Memoria Democrática.

La maniobra del presidente del Gobierno responde al recurso de la oposición, que denuncia graves irregularidades administrativas y falta de control en la tramitación acelerada de estas nacionalidades en los consulados extranjeros. Temeroso de perder un granero de votos clave para ajustar el reparto de escaños en las circunscripciones más disputadas, Sánchez ha cargado contra los líderes del PP y de Vox, acusándoles de pretender recortar derechos consolidados y de desplegar una estrategia de maniobras judiciales para entorpecer el proceso democrático.

Un choque institucional para afianzar el relato de la memoria frente a las alertas de fraude

El movimiento de Moncloa ante la máxima instancia judicial refleja el nivel de crispación y cálculo de cara al recuento de los votos procedentes del exterior.

Por una parte, la apelación directa de Sánchez busca encender a las bases de la izquierda bajo el banderín de la memoria histórica, convirtiendo un contencioso de legalidad administrativa en una trinchera ideológica. El relato gubernamental pretende presentar las impugnaciones de la derecha como un ataque a los derechos de los españoles en la diáspora, enmascarando los serios colapsos y la falta de verificación fehaciente en la expedición de pasaportes registrada en los últimos meses.

Por otra parte, la firme exigencia de PP y Vox ante la Justicia pretende poner coto a lo que consideran una utilización partidista de la legislación con fines puramente electorales. La oposición insiste en que el censo electoral debe estar blindado frente a cualquier sospecha de irregularidad o manipulación, advirtiendo de que el otorgamiento exprés de la ciudadanía sin las debidas garantías quebranta la igualdad del proceso y desvirtúa la voluntad expresada por los españoles residentes en el territorio nacional.