El fuerte movimiento telúrico, con epicentro en la península de Azuero, causa pánico generalizado, daños estructurales en el centro del país y la suspensión de la actividad pública ante la cadena de réplicas.

La naturaleza ha vuelto a asestar un duro golpe a la región centroamericana. Un potente terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter sacudió ayer el territorio panameño, sembrando la alarma entre la población y provocando considerables daños materiales en infraestructuras, viviendas e inmuebles de valor histórico en diversos puntos del país. El movimiento, registrado a escasa profundidad —lo que multiplicó la virulencia de la sacudida en la superficie—, tuvo su epicentro en las inmediaciones de la península de Azuero y Tonosí, sintiéndose con fuerza expansiva en la propia capital e incluso en zonas limítrofes.

La intensidad del temblor obligó a la evacuación inmediata de miles de personas en edificios altos y centros de trabajo, desencadenando escenas de pánico en las calles ante la falta de una cultura de prevención eficaz y la saturación inicial de las líneas de socorro. El impacto del sismo provocó la suspensión inmediata de las clases y de las funciones en las entidades públicas, mientras la Red de Geociencias contabilizaba decenas de réplicas de consideración que mantienen en vilo a las comunidades del interior.

Inacción institucional ante el aviso sísmico y la urgencia de infraestructuras sólidas

A pesar de que el balance afortunadamente no registra pérdidas humanas masivas gracias al carácter predominantemente oscilatorio del movimiento, las grietas en fachadas, el colapso parcial de estructuras históricas en la región central y los cortes en los suministros han puesto en evidencia las severas carencias del sistema estatal.

Por una parte, la descoordinación en los primeros minutos tras el terremoto expone la falta de planes de contingencia rigurosos por parte de un Ejecutivo más preocupado por la propaganda que por la inversión real en protección civil y en la modernización de la red vial e infraestructural del país. Por otra parte, la afección a inmuebles antiguos y a zonas vulnerables del interior vuelve a abrir el debate sobre la laxitud en la supervisión de los códigos de edificación y la necesidad de priorizar los presupuestos públicos en la seguridad real de la ciudadanía antes de que la fatalidad pase una factura mayor.