El contraste entre el traumático tijeretazo social del Gobierno de Zapatero para contener el déficit y el escenario macroeconómico actual refleja una profunda transformación en la estructura productiva, el empleo y los grandes retos del país.

Echar la vista atrás y comparar la España de mayo de 2010 con el panorama actual permite dimensionar cómo han cambiado la naturaleza de las crisis y las prioridades socioeconómicas de la nación. En aquel fatídico mes de 2010, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero compareció en el Congreso para anunciar uno de los mayores paquetes de recortes sociales y salariales de la democracia: una bajada inmediata del 5% en las retribuciones de los funcionarios y la congelación posterior en 2011, la suspensión de la revalorización de las pensiones, la eliminación del régimen transitorio de la jubilación parcial, la supresión del célebre cheque bebé de 2.500 euros, recortes drásticos en la dependencia y en el gasto farmacéutico, además de miles de millones de euros en tijeretazos a la inversión pública. Aquella receta respondía a una economía al borde del colapso financiero, con un déficit desbocado, una prima de riesgo disparada y un desempleo masivo que destruía cientos de miles de puestos de trabajo cada trimestre bajo el peso de la burbuja inmobiliaria estallada.

Frente a aquel escenario de contracción extrema y asfixia institucional, la España actual se mueve en coordenadas macroeconómicas radicalmente distintas, consolidándose como uno de los motores de crecimiento dentro de la Unión Europea y situando la afiliación a la Seguridad Social en cotas históricas que superan los veintidós millones de cotizantes, con una tasa de paro rebautizada a la baja que ronda o perfora el umbral del diez por ciento. Sin embargo, la superación de aquellos recortes drásticos de liquidez estatal no significa que el país esté libre de tensiones estructurales. Si en 2010 el drama absoluto era la destrucción masiva de empleo y la supervivencia de las administraciones públicas frente a la presión de los mercados internacionales, el gran quebradero de cabeza actual se concentra en el mercado inmobiliario. Hoy en día, el acceso a la vivienda se ha convertido en una auténtica emergencia social, con unos precios medios por metro cuadrado muy superiores a los de entonces y con una presión sobre los alquileres que ahoga a las clases trabajadoras y jóvenes.

De este modo, mientras que la crisis de 2010 obligó al Estado a replegar el Estado de bienestar mediante recortes salariales y sociales por imperativo de la deuda, el debate político y social de nuestros días gira en torno a la intervención del mercado de la vivienda, el control de los alquileres y la idoneidad de reactivar herramientas de protesta sindical o presión institucional. La España de los ajustes forzados ha cedido el testigo a una economía más resiliente en términos de empleo, pero profundamente tensionada por las dificultades de emancipación y el coste de la vida.