El Ejecutivo señala directamente a la formación independentista tras el bloqueo de las medidas, acusándoles de defender intereses económicos privados por encima de la protección ciudadana.

El rechazo parlamentario a los decretos de vivienda ha abierto una nueva crisis política e institucional, con reproches directos desde el Gobierno hacia las formaciones que han tumbado las medidas. Tras confirmarse el sentido del voto de Junts per Catalunya, fuentes del Ejecutivo han asumido el varapalo parlamentario lanzando una acusación frontal sobre los motivos reales de su postura.

Para el Gobierno, la negativa de los posconvergentes no responde a discrepancias técnicas, sino a una clara servidumbre con los sectores económicos más privilegiados del mercado inmobiliario. Con una frase contundente, desde el Ejecutivo se ha sentenciado la decisión de la formación: «Votan en contra porque entre su clientela están los especuladores».

Un choque frontal por el modelo de vivienda

Esta acusación agrava aún más la fractura política en torno a la gestión de la crisis habitacional, convirtiendo el derecho a la vivienda y el control de los precios en el epicentro de la confrontación parlamentaria. Mientras el Ejecutivo defiende que sus normas eran imprescindibles para frenar los desahucios y proteger a las familias, el bloqueo de los aliados habituales consolida un escenario de alta inestabilidad legislativa.