El pleno extraordinario debate este viernes la convalidación de los reales decretos impulsados tras el polémico desahucio de la vecina madrileña, en una jornada marcada por la alta tensión política y las protestas a las puertas de la Cámara.

El Congreso de los Diputados celebra hoy un pleno extraordinario para someter a votación los dos reales decretos-ley en materia de vivienda aprobados por el Ejecutivo. Esta normativa, bautizada popularmente como el «decreto Maricarmen» a raíz del impacto social generado por el desahucio de una mujer de 87 años con un contrato de renta antigua en el madrileño barrio de El Retiro, afronta un escenario de máxima incertidumbre parlamentaria.

Claves de los decretos en votación

El paquete legislativo, dividido en dos textos diferentes para facilitar su votación por separado, incluye un abanico de medidas de fuerte calado social y económico:

• Moratoria antidesahucios hasta 2030: Se extiende la protección para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, obligando a las administraciones competentes y a los grandes tenedores a asumir responsabilidades en los procesos de lanzamiento.
• Prórroga extraordinaria de contratos: Se contempla una ampliación de dos años (hasta el 31 de diciembre de 2028) para aquellos inquilinos que se encuentren al corriente de pago.
• Límite del 2% en las actualizaciones: Vuelve a introducirse un tope extraordinario a la actualización anual de las rentas de alquiler.
• Regulación de alquileres temporales y por habitaciones: Se endurecen los controles para evitar el fraude en los contratos de temporada, equiparándolos en garantías a la vivienda habitual si no se justifica debidamente su temporalidad, y se limita el precio global de los pisos compartidos.

Un hemiciclo dividido y máxima expectación en la calle

La votación de hoy se lleva a cabo mediante llamamiento público, un procedimiento excepcional en el que los diputados deben subir al estrado para manifestar su postura de manera individual. El bloque normativo choca con el rechazo frontal de formaciones como el PNV, PP, Vox y Junts, lo que deja el futuro de los textos en el aire y pone a prueba los equilibrios parlamentarios del Gobierno.

Mientras tanto, los movimientos por el derecho a la vivienda y sindicatos de inquilinas han convocado movilizaciones masivas frente a las inmediaciones del Congreso para presionar a los grupos políticos, exigiendo que se blinden de manera definitiva los derechos de los arrendatarios en un contexto de persistente tensión en el mercado inmobiliario español.