• El Consejo de Ministros arranca con retraso tras una bronca negociación nocturna entre los socios de la coalición.
• Desde la oposición se tacha la medida de «parche electoralista» e intervencionista que ahuyentará la oferta y agravará la crisis de acceso a la vivienda.

MADRID — El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda tras un pacto de última hora entre el PSOE y Sumar. El acuerdo, alcanzado con una hora de retraso sobre el horario previsto tras una noche de intensas presiones y tensiones internas en el seno del Ejecutivo, culmina con la asunción por parte de los socialistas de las tesis más radicales de sus socios de coalición.

La norma, estructurada de urgencia ante la parálisis legislativa y el desgaste gubernamental, saca adelante medidas de corte marcadamente intervencionista que, según denuncian los sectores liberales y conservadores, vuelven a criminalizar al propietario y a ignorar los problemas estructurales del mercado inmobiliario.

Un pacto bajo la presión de la izquierda radical

Las negociaciones, que se han prolongado hasta minutos antes de la reunión del gabinete en La Moncloa, evidencian una vez más la debilidad parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sumar, apoyado en plataformas y movilizaciones sociales, ha conseguido imponer su criterio sobre aspectos críticos como la prórroga forzosa de contratos y un mayor intervencionismo en el sector del alquiler de habitaciones, arrastrando al PSOE hacia un modelo que los críticos califican de «intervencionismo bolivariano».

Desde los partidos de la oposición de derechas se ha censurado con dureza la falta de rigor técnico y el tacticismo político de un decreto que nace «muerto» y abocado al fracaso en el Congreso de los Diputados. La norma se enfrenta ahora a un panorama de extrema fragilidad en la Cámara Baja, donde el Gobierno carece de una mayoría estable y donde sus socios habituales de investidura —incluidos partidos de corte nacionalista e independentista— ya han mostrado sus reticencias ante lo que consideran un parche inútil que no soluciona el déficit estructural de vivienda.

La receta errónea: más intervención, menos oferta

Para los sectores económicos y políticos liberales, el verdadero problema de la vivienda en España radica en la inseguridad jurídica, la lentitud en la concesión de licencias, la burocracia y la falta crónica de suelo finalista. Frente a las propuestas de la oposición de derechas, centradas en liberalizar suelo, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer incentivos fiscales reales a la iniciativa privada para fomentar la construcción de un parque de vivienda accesible, el Gobierno insiste en la fórmula fracasada de la restricción de precios y el castigo al ahorro.

«En lugar de incentivar que haya más pisos en el mercado, este Gobierno ahuyenta a los propietarios, genera desconfianza y colapsa los juzgados con medidas de protección desproporcionadas que desatienden al pequeño tenedor», han señalado fuentes del arco conservador, advirtiendo que la asfixia al mercado del alquiler solo conseguirá reducir aún más la oferta disponible y disparar los precios de manera artificial.

Con este nuevo decreto, el Ejecutivo de coalición busca apagar un fuego político inmediato, pero se adentra en una nueva crisis de gobernabilidad mientras el problema real de las familias españolas para acceder a una vivienda digna sigue agravándose tras años de políticas sectarias.