La formación liderada por Santiago Abascal se persona ante el Juzgado de Orgaz para evitar la manipulación del escenario del siniestro, denunciando presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes en la cúpula ferroviaria.

Frente al intento del Ejecutivo de amortiguar el impacto político de la mayor catástrofe de la alta velocidad en España, la oposición parlamentaria ha pasado directamente a la acción judicial. Vox ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orgaz (Toledo) contra los responsables de Adif, solicitando la intervención inmediata de la Guardia Civil y la Policía Judicial para cautelar el escenario del accidente y garantizar la conservación de las pruebas. La iniciativa de los servicios jurídicos del partido busca evitar cualquier alteración no autorizada de la infraestructura o de las cajas negras en el tramo de Urda, impidiendo que la negligencia operativa sea sepultada bajo un manto de silencio institucional.

La acción penal articulada por la formación conservadora apunta a presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia grave, exigiendo a la magistrada instructora la identificación urgente de los operadores, jefes de turno y mandos de circulación del Puesto de Mando de Atocha que prestaban servicio durante la mañana del siniestro. El escrito requiere además la incautación de las grabaciones de voz, registros informáticos de las señales del sistema LZB y las comunicaciones internas del personal de control antes de que puedan ser objeto de modificaciones o borradores de conveniencia.

Muro de contención legal frente al riesgo de destrucción probatoria

El requerimiento depositado en los tribunales toledanos pretende blindar la investigación técnica y judicial frente a los antecedentes de opacidad que han caracterizado la gestión de las crisis en el departamento de Transportes:

• Custodia estricta del perímetro: Exigencia de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supervisen cada movimiento de maquinaria pesada sobre la vía para que el levantamiento de los convoyes destruidos no altere el estado original de la señalización y los desvíos.
• Identificación de la cadena de mando: Solicitud para que Adif entregue con carácter perentorio los cuadrantes y las hojas de servicio de toda la cúpula operativa que autorizó o gestionó la circulación en el tramo Los Yébenes-Urda.
• Aseguramiento informático: Petición de volcado forense de los servidores del centro de control de tráfico para certificar la hora exacta en que se detectó la parálisis del tren Iryo y la respuesta dada desde el puesto central.

Rigor penal frente al intento de encubrimiento del sanchismo

El paso al frente dado por Santiago Abascal y su equipo jurídico marca un punto de inflexión en la depuración de responsabilidades por una tragedia que ha dejado decenas de familias destrozadas.

Por un lado, la solicitud de medidas cautelares responde a la fundada sospecha de que la maquinaria propagandística del Ministerio de Transportes intente trasladar la culpa en exclusiva a un error humano de escala inferior o a un fallo fortuito impredecible. Blindar la cadena de custodia de las pruebas desde las primeras horas resulta vital para certificar si la sobreexplotación de la red y la falta de mantenimiento del sistema LZB desencadenaron la masacre.

Por otro lado, la querella de Vox evidencia que la defensa del Estado de derecho se ejerce en las sedes judiciales con determinación. Frente a las comparecencias evasivas de los responsables políticos, la acusación popular ejercerá una fiscalización implacable para que los responsables verdaderos de esta negligencia criminal respondan con todas las consecuencias ante la ley.