La jueza instructora unifica las acusaciones y nombra al equipo jurídico de Santiago Abascal para liderar el proceso por el siniestro ferroviario que se cobró 46 vidas ante la opacidad institucional.

Un giro judicial de enorme trascendencia ha sacudido la investigación de la tragedia ferroviaria en Adamuz, la catastrófica negligencia que el pasado mes de enero le costó la vida a 46 personas. La titular del juzgado encargado del caso ha dictado un auto clave por el que acuerda que Vox encabece y dirija la acusación popular en la causa penal, al haber sido la primera fuerza en personarse para exigir responsabilidades. La decisión unifica bajo la dirección letrada de la formación la representación de las distintas entidades personadas, garantizando un frente firme para destapar las deficiencias y responsabilidades políticas en la gestión de las infraestructuras.

La resolución judicial supone un varapalo para los intentos de carpetazo y minimización desplegados por el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo central desde el día del siniestro. Mientras desde las terminales del Gobierno se intentó despachar el descarrilamiento masivo como un suceso fortuito o una anomalía aislada, la personación unificada de la acusación permitirá estrechar el cerco sobre los responsables técnicos y políticos que ignoraron los reiterados avisos de mantenimiento en la línea. Desde el partido han recibido la resolución con determinación, subrayando que ha llegado el momento de arrojar luz sobre las sombras del caso: «Es hora de saber la verdad».

Frente a la opacidad oficial, exigencia de responsabilidades al máximo nivel

El nombramiento de Vox al frente de la acusación popular sitúa la depuración de responsabilidades en el centro de la actualidad judicial. La instrucción avanzará ahora con el impulso de una dirección letrada combativa que rechaza la versión benevolente con la que el departamento ministerial ha pretendido esquivar las explicaciones públicas.

Por un lado, la acusación centrará sus actuaciones en acreditar la presunta cadena de negligencias en la conservación y auditoría de las vías, así como en averiguar si existieron recortes presupuestarios o adjudicaciones deficientes que comprometieron la seguridad de miles de viajeros. Se investigará si los informes técnicos y las advertencias previas lanzadas por usuarios y trabajadores fueron sistemáticamente archivados para evitar costes políticos antes del trágico desenlace.

Por otro lado, la unificación judicial de la causa impide que la estrategia del Ejecutivo de dilatar los tiempos o atomizar a los colectivos de afectados dé resultado. La dirección unificada garantizará una fiscalización implacable sobre cada alto cargo citado a declarar, asegurando que ningún responsable político quede al margen de rendir cuentas en sede judicial por el abandono de los servicios públicos de transporte.