Tras el revuelo mediático por el sorteo de un vehículo de alta gama vinculado a un conocido influencer, se aclara que la responsabilidad administrativa y económica afecta de forma exclusiva a la entidad mercantil promotora de la rifa.

La reciente resolución de la Dirección General de Consumo imponiendo una sanción económica de 750.000 euros a raíz de la comercialización masiva de participaciones para sortear un coche de lujo ha generado un intenso debate en el ámbito digital. Ante la proliferación de informaciones confusas en los medios de comunicación y las redes sociales, es necesario precisar un detalle fundamental: la multa no ha recaído sobre el popular youtuber, sino de manera directa sobre la empresa que gestionó y organizó el sorteo.

La medida punitiva, calificada por el departamento ministerial como una infracción muy grave de la Ley de Regulación del Juego por carecer de las autorizaciones administrativas preceptivas, se dirige contra la sociedad EBR Management SLU, mercantil que actuó como promotora de la rifa en la que se vendieron cerca de 380.000 participaciones digitales a un euro.

Deslindando responsabilidades frente al relato mediático

El malentendido sobre el sujeto pasivo de la sanción ha provocado que numerosos titulares señalen de forma errónea al creador de contenido, cuando los efectos jurídicos y económicos de la resolución recaen estrictamente sobre la estructura empresarial encargada de estructurar el evento comercial.

• El papel de la mercantil: La sociedad sancionada asumió la organización y el soporte técnico de la campaña publicitaria vinculada al vehículo, incurriendo en la vulneración de la normativa vigente al omitir los títulos habilitantes obligatorios.
• La aclaración del afectado: Ante el aluvión de críticas y confusiones, el propio influencer ha salido al paso para desmentir que la multa vaya dirigida contra su patrimonio personal, recordando que una entidad externa fue contratada para llevar a cabo la promoción y que es a dicha compañía a la que la administración ha exigido responsabilidades.

De este modo, el expediente sancionador del Ministerio de Consumo pone el foco sobre los cauces legales y el cumplimiento de las normativas de juego en las campañas comerciales digitales, delimitando claramente el marco corporativo de la infracción al margen de la imagen pública del creador de contenido.