El anuncio de movilizaciones masivas y paros por parte de los sindicatos y colectivos de inquilinos en plena precampaña electoral suscita profundas dudas sobre su oportunidad, su verdadera eficacia y la llamativa ausencia de presión durante las dos últimas legislaturas.

La convocatoria de una huelga general centrada en el mercado inmobiliario, impulsada tanto por organizaciones sociales como por las grandes centrales sindicales, plantea un interrogante tan incómodo como inevitable en el tablero político actual: ¿Por qué precisamente ahora? Tras un largo periodo de ocho años de inacción y silencio casi absoluto frente al progresivo encarecimiento de los alquileres y la asfixia de las familias trabajadoras, resulta desconcertante que se recupere esta drástica herramienta de presión justo en el momento en el que se convocan elecciones y se disuelven las Cortes.

Durante los últimos años, la escalada de los precios en las grandes ciudades ha alcanzado cotas insostenibles sin que el sindicalismo tradicional ni los autodenominados sindicatos de inquilinos hayan articulado una respuesta de paralización general del país. La decisión de convocar un paro de estas características coincidiendo milimétricamente con el calendario electoral despoja a la iniciativa de su pretendida pureza reivindicativa. Para una gran parte de la ciudadanía y de los analistas, esta sincronía evidencia una alarmante instrumentalización partidista, sugiriendo que el objetivo real no es tanto resolver un problema estructural crónico como condicionar el debate de los partidos en plena precampaña y presionar de manera sesgada a determinados bloques ideológicos en función de quién gobierne o aspire a hacerlo. Movilizar a la clase trabajadora de forma sobresaltada tras una década de atonía erosiona la credibilidad de unas organizaciones que parecen haber despertado de su letargo únicamente cuando los intereses de parte y los tiempos de los partidos políticos así lo han requerido.