Los sindicatos mayoritarios dan un paso histórico tras las multitudinarias protestas sociales y exigen medidas estructurales urgentes para frenar la escalada de precios del alquiler y la compra.

Los sindicatos CCOO y UGT han acordado impulsar una huelga general de 24 horas prevista para este otoño, respondiendo así a la insostenible crisis de acceso a la vivienda y a la persistente pérdida de poder adquisitivo que sufren los trabajadores frente a la inflación. Esta decisión sin precedentes busca conectar las reivindicaciones de las calles directamente con los centros de trabajo.

El detonante de esta convocatoria llega tras las recientes movilizaciones sociales celebradas durante el fin de semana y coincide con un clima de alta tensión política tras el rechazo en el Congreso de los decretos relativos a la vivienda. Las centrales sindicales recogen de este modo el guante lanzado por los colectivos sociales y el Sindicato de Inquilinas, bajo el argumento fundamental de que los salarios actuales ya no cubren el coste del alquiler ni de la hipoteca.

En el plano estratégico, el objetivo principal de la movilización es reclamar «salarios dignos para una vivienda digna». Los líderes sindicales insisten en que el precio de la vivienda debe integrarse de manera transversal en la negociación colectiva, obligando a las empresas a pactar complementos salariales o subidas que amortigüen el esfuerzo económico que destinan las familias a techo, el cual supera en muchos casos los límites aconsejables de los ingresos mensuales.

Aunque el principio de acuerdo ya está cerrado por las cúpulas sindicales, este todavía se encuentra a la espera de ser ratificado formalmente por los máximos órganos de dirección de ambas organizaciones. Del mismo modo, la fecha exacta del paro de 24 horas todavía no está definida. Las cúpulas de CCOO y UGT se encuentran en plena coordinación con las organizaciones sociales para concretar el calendario definitivo, barajándose con fuerza el mes de noviembre y evitando en la medida de lo posible interferir en periodos de campaña electoral.

Con esta medida de presión, las organizaciones sindicales advierten de que mantendrán la confrontación en el terreno sociolaboral hasta que la vivienda deje de ser un privilegio privativo y las administraciones públicas implementen un marco normativo eficaz que garantice el derecho constitucional a un hogar accesible.