La amenaza de huelga general revela el alineamiento de UGT, CCOO y las plataformas afines para presionar a las instituciones tras el rechazo a la intervencionista ley de vivienda.

La controversia en torno al mercado de la vivienda en España ha tomado un sesgo marcadamente político tras el fracaso parlamentario de los últimos decretos. En lugar de revisar las políticas intervencionistas que han desincentivado la oferta y encarecido los alquileres, sectores de la izquierda radical —encabezados por colectivos informales como el Sindicato de Inquilinas— han optado por la vía de la confrontación en la calle, exigiendo medidas extremas como la convocatoria de una huelga general para forzar un viraje ideológico en el marco regulatorio.

Esta ofensiva sitúa nuevamente a las centrales UGT y CCOO en una posición dudosa, al actuar más como correas de transmisión política que como defensores del empleo y la productividad. Pese a financiarse con ingentes subvenciones públicas, las dirigencias de Pepe Álvarez y Unai Sordo avalan las movilizaciones y no descartan el uso de la huelga general, instrumentalizando una herramienta constitucional reservada al ámbito laboral para intervenir en el debate normativo de la propiedad privada y el mercado inmobiliario.

Economistas y analistas advierten que la presión sindical y las amenezas de paros masivos no solucionan el problema de fondo: la inseguridad jurídica provocada por la intervención de precios y la falta de oferta privada de vivienda. En lugar de promover la libertad de mercado y el incentivo a la construcción para dinamizar la oferta, las movilizaciones abanderadas por los sindicatos amenazan con paralizar la actividad económica, trasladar más incertidumbre al tejido empresarial y profundizar el colapso del sector.