El nuevo decreto ley del Ejecutivo ahuyenta aún más la inversión privada, castiga al pequeño ahorrador y agrava la escasez de vivienda en el mercado con medidas de corte populista.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo y drástico paquete en materia de vivienda que profundiza en la intervención estatal del mercado inmobiliario. A propuesta del ala más radical del Gobierno, el Ejecutivo ha aprobado una norma por la cual los propietarios de viviendas de alquiler que decidan no renovar un contrato deberán indemnizar al inquilino con, al menos, doce mensualidades de renta.

Esta medida, impulsada a través de un decreto ley, supone una vuelta de tuerca sin precedentes contra la propiedad privada, convirtiendo la gestión de un bien particular en una suerte de tutela forzosa por parte del Estado y desatando una profunda inseguridad jurídica entre los arrendadores.

Un castigo directo al pequeño propietario

Desde los sectores económicos liberales se advierte que esta imposición penaliza de forma implacable al pequeño ahorrador y a las familias que complementan sus ingresos o su jubilación mediante el arrendamiento de un inmueble. Lejos de ofrecer soluciones reales a la falta de oferta, el Ejecutivo traslada la responsabilidad de las políticas sociales a los hombros de los particulares.

La compensación económica —calculada conforme al índice estatal de referencia y que nunca podrá ser inferior a una mensualidad por cada año de permanencia— se abonará de manera íntegra en el momento de la entrega de la vivienda, salvo supuestos muy tasados de necesidad personal o familiar directa. Para el resto de los casos, no prorrogar un contrato pasa a ser económicamente prohibitivo para el dueño.

Menos oferta y precios más altos

Los expertos económicos alertan de que esta clase de normativas intervencionistas consiguen sistemáticamente el efecto contrario al anunciado. En lugar de proteger al inquilino, la inseguridad jurídica provocada por el Gobierno provocará una retirada masiva de inmuebles del mercado de alquiler tradicional, bien hacia la venta o bien hacia fórmulas alternativas menos controladas.

Con esta nueva imposición, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a demostrar su dependencia de recetas colectivistas que asfixian la libertad contractual, ahuyentan la inversión y agravan la crisis habitacional que sufre España.