La sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado dejó en evidencia, una vez más, la incapacidad del Ejecutivo para afrontar la gravedad de los escándalos que cercan a su entorno más cercano. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, protagonizó uno de los episodios más sonrojantes de su mandato al intentar esquivar el escándalo sobre los presuntos contactos de las cloacas del PSOE con narcotraficantes para amedrentar a la jueza que instruía la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

Frente a la contundente denuncia de la portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, el ministro optó por la huida hacia adelante, el argumentario prefabricado y un silencio elocuente que confirma el nivel de degradación institucional al que ha llegado el Gobierno.

Un gravísimo escándalo que supera los límites de la política

El detonante del enfrentamiento dialéctico radica en los gravísimos indicios destapados en torno a las maniobras de la presunta trama ligada a Leire Díez para presionar y asustar a la jueza Beatriz Biedma, encargada de investigar las irregularidades del hermano del presidente del Gobierno. Según la documentación e informaciones judiciales conocidas, se intentó implicar a clanes de la droga para hostigar a la magistrada que osó investigar el caso.

Durante su intervención, Alicia García retrató con dureza la deriva del Ejecutivo, recordándole al ministro que «hasta un narco tiene más decencia que el ministro Bolaños», después de señalar cómo la presunta cloaca socialista habría recurrido a elementos criminales para intimidar a la judicatura. Lejos de debatir sobre la extrema gravedad de estos hechos —que transportan a la democracia española a escenarios mafiosos intolerables—, el titular de Justicia se retrató a sí mismo al eludir cualquier condena firme y limitarse a desviar la atención arremetiendo contra la oposición.

La estrategia del ventilador y el refugio en el «dejar actuar a la Justicia»

Ante la imposibilidad de rebatir los datos aportados por el Partido Popular, Bolaños recurrió al comodín habitual del sanchismo: el ventilador y el victimismo. El ministro intentó despachar el asunto refugiándose en el mantra de «dejar actuar a la Justicia» y acusando a los populares de compartir argumentos con otras fuerzas políticas, un intento burdo de minimizar la magnitud de un escándalo que salpica de lleno el flanco ético y penal de las terminales del socialismo.

Para la derecha española, resulta insostenible que el máximo responsable de la cartera de Justicia actúe como un cortafuegos gubernamental ante prácticas propias de organizaciones criminales. Exigir explicaciones políticas y responsabilidades no es hacer oposición frontal, es una obligación democrática elemental ante un Gobierno que parece dispuesto a cruzar cualquier línea roja con tal de blindar judicial y políticamente a los miembros del clan familiar de Moncloa.

Un ministro acorralado por su propia inacción

El papelón de Félix Bolaños en el Senado pone de manifiesto que el sanchismo ya no gobierna para solucionar los problemas de los españoles, sino para sobrevivir a una acumulación insostenible de escándalos de corrupción y demolición institucional. El silencio del ministro y su negativa a asumir responsabilidades políticas demuestran que, para este Ejecutivo, el Estado de derecho solo importa cuando no afecta a sus intereses personales y familiares. Los ciudadanos, por su parte, toman nota de un Ejecutivo acorralado por su propia degradación moral y política.