La suspensión del lanzamiento, prevista inicialmente para este viernes en Granadilla de Abona, ha sido confirmada por fuentes del Gobierno de Canarias tras la fuerte presión social e institucional.

El desahucio de María (nombre ficticio), una mujer de 54 años diagnosticada con cáncer terminal, afectación cerebral y metástasis en pulmones y ovarios, ha sido suspendido de forma temporal. El desalojo estaba programado para este viernes a las 10:00 horas en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.

La afectada sobrevive gracias a ayudas públicas como única fuente de ingresos, tiene reconocida una situación de dependencia de grado dos y se encuentra actualmente sometida a un tratamiento de quimioterapia. Además, cuenta con el apoyo altruista de un joven que se encarga de sus cuidados diarios.

Presión social y respuesta institucional

La voz de alarma la dio este miércoles el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, que denunció la inminencia del lanzamiento y exigió tanto al Gobierno de Canarias como al Ayuntamiento de Granadilla de Abona la activación inmediata de recursos habitacionales y sociales para evitar que María se quedara en la calle.

Paralelamente, la trabajadora social encargada del caso había presentado un escrito ante el juzgado solicitando una prórroga. No obstante, desde el sindicato insistieron en que un simple aplazamiento no resuelve la raíz del problema, reclamando una alternativa habitacional estable y acorde a las graves circunstancias sanitarias y económicas de la vecina.

Por su parte, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad indicó que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) comenzó a estudiar de urgencia las vías de actuación posibles tras conocer los detalles del caso.

Una medida que solo «gana tiempo»

Aunque desde el Sindicato de Inquilinas han celebrado la paralización del lanzamiento, advierten de que la medida actual se limita a “ganar tiempo”. La organización subraya que esta situación pone de manifiesto una crisis habitacional estructural, por lo que reitera la necesidad de que las administraciones públicas garanticen soluciones definitivas y eviten que los inquilinos más vulnerables lleguen a escenarios límite.